Desde el día de ayer, en una especie de control de daños, el Gobierno Federal, a través de sus diferentes voceros, se han encargado de pregonar que se acatarán las recomendaciones y las observaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), por supuesto, sin hacer mención de cuales son éstas.
Es importante entender que el GIEI enfrentó una serie de obstáculos institucionales que imposibilitaron realizar una investigación más puntual y más profunda sobre el destino de los estudiantes de Ayotzinapa. A diferencia de lo que pregonan los voceros del Gobierno Federal, dichos obstáculos existieron y siguen vigentes porque forman parte inherente del ineficiente sistema de procuración de justicia en México.
En la página 579 de su Informe Ayotzinapa II, el GIEI da cuenta de ellos:
Problemas identificados y aportes del GIEI a la investigación de violaciones de derechos humanos en México
Formalidad y burocracia en el sistema penal mexicano
La preponderancia de las pruebas testimoniales y confesiones
Las falencias en la toma de las declaraciones
La dependencia de los servicios periciales
La deficiente capacidad analítica de las pruebas
La ausencia de un análisis de contexto
La falta de investigación de todos los delitos y violaciones de derechos humanos
La investigación de violaciones de derechos humanos bajo el rubro de delincuencia organizada
La fragmentación de los procesos
La insatisfacción del derecho a la verdad y a la información para las víctimas
Comunicación pública y filtración de las investigaciones por parte de la PGR
La falta de investigación de las eventuales responsabilidades de los superiores
La ausencia de medios tecnológicos en las búsquedas de los desaparecidos
Las deficiencias en la exhumación, inhumación y conservación y entrega de restos óseos
Falta de atención adecuada y el manejo público de las víctimas
La revictimización y criminalización de las víctimas
Informes médicos deficitarios no adecuados a estándar internacional
La ausencia de garantías médicas durante la detención
He seleccionado cuatro aspectos que en teoría, y siguiendo el discurso del Gobierno Federal, deberían cambiar en los próximos meses:
1. La preponderancia de las pruebas testimoniales y confesiones.- esto quiere decir que tanto los Ministerios Públicos como los Jueces aceptan como válido la simple declaración de un hecho (sin obtener pruebas suficientes que demuestren el mismo) para condenar a un individuo por la comisión de un delito.
2. La dependencia de los servicios periciales.- esto quiere decir que los servicios periciales dependen política y prespuestalmente de la PGR o de las Procuradurías estatales, por lo cual, sus dictámenes carecen de imparcialidad en el caso de un hecho que involucre a cualquier nivel de gobierno.
3. La falta de investigación de las eventuales responsabilidades de los superiores.- esto quiere decir que, en México, ni se investiga ni se castiga a las autoridades que (presuntamente) cometen o dejan cometer ilícitos.
4. La revictimización y criminalización de las víctimas.- esto quiere decir que las autoridades encargadas de impartir justicia tratan de relacionar a las victimas con el crimen organizado, para así, justificar el actuar de la delincuencia sobre ellas.
Así, podemos darnos cuenta que el caso de la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa ha dejado al descubierto el estado de cosas que guarda el sistema de procuración de justicia en México. Eso es lo que molesta al Gobierno Federal. Eso es lo que deberíamos tomar en cuenta todos los ciudadanos.
Saludos.
