Entre los años 2006 y 2011, el Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (cuyas siglas son ATF, en inglés), implementó un operativo denominado "Fast and Furious" el cual consistía en permitir deliberadamente la venta de armas de fuego con licencia a compradores ilegales, con la "esperanza" de rastrear las armas de fuego que llegarían a los líderes de los cárteles de drogas mexicanos.
Pero el operativo falló porque los agentes de la ATF no pudieron rastrear efectivamente la cantidad de armas de fuego que llegaron a los cárteles mexicanos: el ATF monitorizó la venta de más de 2000 armas, de las cuales sólo se recuperaron 710. El resto, hasta la fecha, siguen desaparecidas.
Recuerda la revista Vice:
El escándalo llevó a una interminable investigación del Congreso de EEUU, que comenzó en 2011. El director de la ATF, Kenneth Melson, el alto funcionario del Departamento de Justicia Jason Weinstein, el fiscal federal de Arizona Dennis Burke, y su jefe de la división criminal Patrick Cunningham, todos dimitieron como consecuencia de aquello. El Congreso votó a favor de mantener al fiscal general Eric Holder en desacato por negarse a entregar documentos solicitados, siendo la primera vez en la historia de Estados Unidos que un miembro activo del gabinete del presidente ha sido castigado con esa sanción. El titular renunció en 2014.
A medida de que se fue conociedndo la información sobre el caso, las autoridades mexicanas reaccionario de una manera blandengue y tibia. Bien pudieron demandar al Gobierno de Estados Unidos frente al Tribunal Internacional de La Haya por el delito de terrorismo, al haber permitido que los cárteles mexicanos se armaran. Bien pudieron, también, haber impuesto sanciones económicas o requerir VISA a los estadounidenses que ingresan a nuestro territorio. Pero no. El gobierno espurio de Felipe Calderón Hinojosa permitió que se pisoteara la soberanía nacional:
Nos recuerda ElDiario.mx:
Detrás de sus críticas a Estados Unidos por la liberación de la venta de armas largas, la administración de Felipe Calderón concertó con la de Barack Obama la introducción ilegal de ese arsenal a México, destinado a la delincuencia organizada.
El gabinete de seguridad nacional estuvo enterado y hasta participó en operaciones clandestinas diseñadas en aquel país para introducir los cargamentos, en el marco de la “guerra al narcotráfico” del entonces presidente.
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Un cable difundido por WikiLeaks da cuenta de la reunión llamada Northern Border Conference, “diseñada a petición del lado mexicano” y que tuvo lugar entre el 22 y el 26 de septiembre de 2009 en Phoenix, Arizona.
Fue en la oficina regional de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) en esa ciudad donde se pusieron en marcha al menos tres operativos de entrega “controlada y vigilada” de armas a México.
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El cable fue elaborado por la embajada de Estados Unidos en México el 9 de octubre de 2009 y está dirigido a distintas oficinas en Washington, entre ellas los departamentos de Estado, de Justicia, de Seguridad Interna y del Tesoro, además del Comando Sur del Ejército estadounidense, con sede en Miami.
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El cable diplomático menciona a las oficinas que participaron en esa reunión, aunque se reservó los nombres de los funcionarios. Sólo se refiere a oficiales de la Sedena, la Semar, la PGR, la SSP, el SAT, el Cisen, la Oficina de la Presidencia de la República y la SRE. Señala que en el caso de la PGR estuvieron fiscales, peritos y agentes de inteligencia.
Ahora, en tiempos de la 4T, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador debería volver a revisar este asunto, y procesar por el delito de Traición a la Patria a todos los funcionarios involucrados en este episodio vergonzoso de la historia reciente de México.
Saludos.
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