Para todos aquellos que hemos leído Los señores del Narco de Anabel Hernández queda muy claro que la famosa "guerra contra el narcotráfico" no es una "guerra" sino un acomodo de liderazgos, territorios y zonas de influencia por parte de los cárteles de la droga, es decir, en sentido estricto, una guerra civil provocada y auspiciada por el propio Gobierno Federal para detrimento de todos los mexicanos.
El estado mexicano no tiene ningún interés en combatir la producción, distribución y venta de estupefacientes, sino más bien, su interés es poder llegar a controlar dicho mercado.
Si la "guerra contra el narcotráfico" fuera de verdad una "guerra", nos recuerda el día de hoy el escritor mexicano paco Ignacio Taibo II, el Gobierno Federal ya habría establecido una serie de medidas, más allá de la intervención armada de la marina y el ejército, que pasan, sobre todo por tres grandes puntos:
Antes de iniciar una guerra, y no hay que leer a Sun Tzu o a Federico Engels para saberlo, el Estado debería contar con una labor de inteligencia sólida. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cuáles son sus nexos? ¿Cómo es su estructura financiera? Mil y un preguntas que necesitaban respuestas. Hoy sabemos que al momento de iniciarse la guerra de Calderón contra el narco toda, o buena parte de la estructura de inteligencia del Estado mexicano estaba en manos de facciones del propio narco, que utilizando a jefes policiacos del más alto nivel dirigieron las operaciones contra bandas rivales, agitando un avispero de venganzas que parece no tener fin. ¿Qué tanto de su aparato policiaco trabajaba para el enemigo? Directores de la policía, de las agencias contra el crimen organizado, la SIEDO, comandantes de la AFI, subprocuradores… A la fecha, el Estado mexicano aún no lo sabe o no quiere saberlo. A la fecha, la "inteligencia estatal" está filtrada, distorsionada, fragmentada; resulta (sobre todo de la lectura de sus comunicados) absolutamente incoherente.
Para todos aquellos que hemos visto en la televisión la serie estadounidense La Ley y el Orden, podemos reconocer perfectamente que la policia mexicana (a todos los niveles) no investiga, es decir, no realiza ninguna tarea de investigación, ni judicial ni científica, tal como lo hacen los detectives ficticios que miramos todos los días en nuestros televisores.
En México, no existe una base de datos nacional de criminales sentenciados, ni una base de datos nacional de criminales que esperan sentencia en la cárcel, ni mucho menos una base de datos nacional de criminales con delitos previamente cometidos, ya ni siquiera pensar, como dice Paco Ignacio Taibo II, en una base de datos nacional de huellas digitales de criminales.
El sistema judicial está podrido. Lleva muchos, muchos años estándolo. Agentes del Ministerio Público descalificados, jueces corruptos, ineficiencia absoluta cuando no complicidad declarada con el crimen. Con una estructura como esa no se podía ir a la guerra. ¿Cuántos delincuentes han sido dejados libres en estos pasados tres años? ¿Cuántos han recibido condenas intrascendentes respecto de la magnitud de sus crímenes? Pepe Reveles narraba el otro día en una mesa redonda que los que le entregaban los cadáveres al Pozolero (y hablamos de más de un centenar de muertos) pronto saldrán en libertad, porque el Ministerio Público sólo pudo acusarlos de tenencia de armas y posesión de drogas a causa de una investigación mal integrada. Reina un caos maligno, como habitualmente reinaba en la justicia mexicana, paraíso del accidente y la casualidad. Vivimos en un territorio de rezago de indagaciones, expedientes confusos, sin investigación científica, ausencia de un banco nacional de huellas digitales, inexistencia de un concentrado de la información de todas las agencias policiacas del país. ¿Cuántas veces hemos leído en la prensa que el detenido había estado en la cárcel recientemente? ¿Quién lo soltó?
Ahora que los medios masivos han dado réplica a los jueces que dejaron libre al asesino de la hija de Marisela Escobedo, nos vamos enterando que los diferentes Ministerios Públicos no hacen su chamba: no recopilan pruebas, no realizan visitas a posibles testigos del crimen, no integran debidamente los expedientes judiciales, y cuando pasan algunos días, y la opinión pública pierde interés por un caso, desechan o meten el expediente de la investigación en un archivero.
En México, tampoco existe, como vemos en la pantalla televisiva, un cuerpo de la policía que investigue delitos pasados y casos sin resolver, al más puro estilo de la serie estadounidense Cold Case.
Pero detrás de toda esta apabullante impunidad que nos rodea, se encuentra, sin ningún tipo de sorpresa, la corrupción. Pero es una corrupción de proporciones inimaginables, una corrupción que involucra no sólo a autoridades sino a todo el sistema económico y político de México: desde empresas inmobiliarias, hasta jueces; desde distribuidoras automotrices, hasta bancos; desde equipos de fútbol, hasta la Secretaría de Hacienda.
Conan Doyle en la boca de Sherlock Holmes solía decir que cuando una historia no estaba clara “follow the money”, hay que seguir el dinero, el rastro económico. El narcotráfico, como lo fue el contrabando de alcohol en Estados Unidos durante la era de la prohibición, o el robo de coches en México, es un negocio criminal, sigue reglas de un mercado semivisible, tiene inversiones, está sujeto a la producción y la distribución. Una parte del dinero, millones de millones de dólares, se moverá prosaicamente en paquetes de billetes verdes envueltos en papel periódico y en maletas Samsonite, pero otra parte, quizá la más importante, se convierte en inversiones, casas, automóviles de lujo, oficinas, hoteles, tiendas, restaurantes… En la era de Caro Quintero una colonia en Ciudad Juárez llamada burlonamente Disneylandia, estaba repleta de mansiones extravagantes: castillos de La Cenicienta, mansiones californianas, material chafa de Las mil y una noches, pagodas budistas. Todo el mundo en la ciudad sabía que era territorio del narco. El dinero es visible. ¿Y la ruta, las rutas que descienden desde Estados Unidos no lo son? El SAT está muy preocupado por cobrar los impuestos a cualquier gringo que se descuide y ¿no es capaz de detectar los millones que bajan desde el otro lado de la frontera? El gobierno mexicano ha puesto miles de trabas bancarias a los ciudadanos para mover su dinero, pero no ha abierto una macroinvestigación sobre las operaciones bancarias que acompañan este gran dinero de las mafias. En los cientos de decomisos, cateos, detenciones, ¿no han aparecido chequeras, cuentas bancarias, huellas y rastros? ¿Por qué no se habla de esto nunca? ¿Por qué el gobierno mexicano no ha pedido a Estados Unidos operaciones financieras que bloqueen el flujo de dinero al narcotráfico? Sin una investigación financiera sólida y un pacto bilateral con los estadunidenses para el bloqueo del dinero del narco, no se podía ir a la guerra.
Nosotros lo dijimos hace un año en este blog, la supuesta "guerra contra el narcotráfico" se pierde todos los días, no en su frente policiaco-mediático-militar, sino en su frente económico, debido al famoso "lavado de dinero".
Si el Gobierno Federal está tan interesado en "ganar" la guerra contra el narcotráfico, ¿por qué no ha emitido leyes que prohiban la venta de inmuebles y vehículos de lujo en efectivo?, ¿por qué no investiga a las personas que tienen cuentas millonarias en los bancos?, ¿por qué no investiga a las personas que viajan constantemente a Estados Unidos o a otros países del extranjero?, ¿por qué no inicia una investigación sobre el financiamiento de los cárteles de la droga en México?
El estado mexicano se ha convertido en un "estado fallido" gracias a la administración de Felipe Calderón. Ese era su principal objetivo: debilitar las instituciones nacionales para que así, bajo el pretexto de la "ayuda contra el crimen organizado", los Estados Unidos pudieran intervenir de manera política y armada en México, y nos convirtiéramos, como es el sueño güajiro de muchos panistas pendejos, en un protectorado del Imperio, como Puerto Rico.
Saludos.
